Carta desde una prisión venezolana
Por: Leopoldo López
Mi país, Venezuela, está al borde del
colapso social y económico. Este desastre en cámara lenta, que ya lleva
casi 15 años, no fue originado por la caída de los precios del petróleo o
por la acumulación de deudas. Fue puesto en marcha por la hostilidad
del gobierno autoritario hacia los derechos humanos, el imperio de la
ley y las instituciones que los protegen.
Sé
de esto en un nivel personal. Escribo desde una prisión militar, donde
me retienen desde febrero por haber denunciado las acciones del
gobierno. Soy uno de los muchísimos prisioneros políticos en mi país que
están encerrados por sus palabras e ideas.
Este
injusto encarcelamiento me ha dado una perspectiva de primera mano de
los penetrantes abusos —legales, mentales y físicos— perpetrados por la
élite gobernante en mi país. No ha sido una buena experiencia, pero ha
sido reveladora.
Mi aislamiento también
me ha dado tiempo para pensar y reflexionar sobre la amplia crisis que
enfrenta mi país. Nunca me ha resultado más claro que el camino a la
ruina de Venezuela fue iniciado hace años por un movimiento para
desmantelar los derechos humanos básicos y las libertades en nombre de
una visión ilusoria de beneficiar a las masas a través de la
centralización del poder.
Cuando el
actual partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela,
llegó al poder por primera vez en 1999, sus simpatizantes consideraban
los derechos humanos como un lujo, no una necesidad. Grandes segmentos
de la población vivían en la pobreza, y necesitaban comida, vivienda y
seguridad. Proteger la libertad de expresión y la separación de poderes
parecía frívolo. En nombre de la conveniencia, estos valores fueron
comprometidos y luego desmantelados por completo.
La
legislatura fue castrada, permitiendo que el ejecutivo gobierne por
decreto sin los controles que impiden que se descarrile. El poder
judicial quedó sometido al partido gobernante, dejando sin sentido la
Constitución y la ley. En un caso infame de 2009, la jueza María Lourdes
Afiuni fue encarcelada por ordenar la liberación de un empresario
crítico del gobierno que había sido retenido durante tres años sin
juicio, un año más de lo permitido por la ley venezolana.
En
tanto, líderes políticos —incluyéndome— fueron perseguidos y
encarcelados, lo cual suprimió la competencia de ideas que podría haber
conducido a mejores decisiones y políticas. Los medios de comunicación
independientes fueron desmantelados, expropiados o empujados a la
bancarrota. La “luz solar desinfectante” y el escrutinio que motiva las
buenas tomas de decisiones ya no benefician a nuestros líderes.
El
actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llevado esta
situación a un nivel terriblemente bajo. Los derechos son racionados
como si fueran bienes escasos para comerciar por otros medios de
subsistencia: usted puede tener empleo si renuncia a la libre expresión;
puede tener algo de salud si cede su derecho a protestar.
Los
que justifican esto, muchos de ellos de otros países, incluidos de
Estados Unidos, afirman que estos sacrificios fueron y son para el bien
colectivo del país. Sin embargo, las vidas de los venezolanos, en
especial los pobres, son peores según todas las mediciones. La
inflación, de más de 60% anual, es rampante. La escasez de bienes
básicos ha llevado a estanterías vacías y largas filas. El crimen
violento se ha disparado y la tasa de asesinatos es la segunda mayor del
mundo, sólo detrás de Honduras. El sistema de salud está colapsando. Y
muchos expertos financieros predicen una cesación de pagos de la deuda
soberana en cuestión de meses.
Los
desafíos que enfrenta Venezuela son complejos y requerirán años de
trabajo en muchos frentes. Ese trabajo debe comenzar con la restitución
de los derechos, las libertades y el equilibrio de poderes que son la
base adecuada de la sociedad civil.
La
comunidad internacional tiene un rol importante que desempeñar, en
especial nuestros vecinos en América Latina. Quedarse callado es ser
cómplice de un desastre que no sólo impacta a Venezuela sino que podría
tener implicaciones en todo el hemisferio. Organizaciones como la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur) y el bloque comercial sudamericano
Mercosur deben salir de los márgenes. Países como Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú y Argentina deben involucrarse.
En
casa, si prestamos atención a sus palabras, nuestra Constitución brinda
una salida. Nuestra propuesta es simple pero potente: todos los
derechos para toda la gente, no algunos derechos para algunas personas.
Ningún régimen debería tener el poder de decidir quién tiene acceso a
qué derechos. Esta idea podría darse por sentada en otros países, pero
en mi país, Venezuela, es un sueño por el que vale la pena luchar.
Tomado de: http://lat.wsj.com/articles/SB12183972021910013281704580359751164238426?tesla=y
Comments
Post a Comment